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Una española exige la invalidez total por "la alergia al wifi"

Un tribunal en Cataluña tendrá que decidir si otorga la invalidez total a una mujer que afirma padecer intolerancia a las ondas electromagnéticas.

Insomnio, mareos, dolores de cabeza, vómitos, latidos irregulares, falta de concentración o pérdida de memoria a corto plazo. Estos son algunos de los síntomas que aseguran padecer aquellos que padecen la denominada 'alergia al wifi', una expresión coloquial que hace referencia a la electrohipersensibilidad (EHS); es decir, la intolerancia a las ondas electromagnéticas de las conexiones inalámbricas y otros aparatos electrónicos.

Este es el caso de Rosa C.T., una funcionaria de la Generalitat de Cataluña que ha solicitado ante los tribunales una pensión por incapacidad permanente. La administrativa, que lleva tres años de baja laboral, afirma que sufre fatiga, dolor de cabeza y dificultad para concentrarse cuando está cerca de este tipo de ondas.


¿Qué opinan los científicos?


La reclamación de Rosa ha llegado a los tribunales porque la electrohipersensibilidad no está catalogada como una enfermedad por ningún organismo oficial. Así, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que las personas que sufren esta dolencia presentan "una variedad de síntomas inespecíficos", pero añade que "no tiene un diagnóstico claro" y que "no hay base científica para vincular los síntomas de la electrohipersensibilidad con la exposición a campos electromagnéticos".

También el Comité Científico europeo de los Riesgos Sanitarios Emergentes se postula en el mismo sentido: "No se han encontrado pruebas concluyentes que demuestren que los campos electromagnéticos son peligrosos, lo que resulta alentador. Sin embargo, se debe seguir investigando, especialmente en lo que se refiere a la exposición a muy largo plazo y los posibles riesgos de la exposición a múltiples fuentes", concluyen en un informe reciente.
¿Qué dicen los tribunales?

Sin embargo, el primer reconocimiento europeo de la 'alergia al wifi' se produjo en agosto de 2015, cuando un tribunal de Toulouse dio la razón a Marine Richard, de 39 años, y le concedió una pensión de invalidez de 800 euros al mes durante tres años prorrogables por padecer hipersensibilidad electromagnética.

Un año después, en agosto de 2016, se produjo el primer caso favorable en España: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid recogió una incapacidad total por electrosensibilidad a un empleado de una empresa de telecomunicaciones tras aportar un informe hospitalario que afirmaba que el trabajador padecía cefaleas, nerviosismo e irritabilidad, entre otros síntomas, cuando se exponía a campos electromagnéticos.

Así, la supuesta enfermedad está generando controversia entre la comunidad científica, que rechaza su existencia y atribuye los síntomas a causas psicológicas, y quienes afirman encontrarse mal en presencia de ondas electromagnéticas. Ahora, el juicio de Rosa está visto para sentencia. Si el Juzgado de lo Social número 1 de Lleida le da la razón, se reforzarían las razones de los afectados.

RT
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EE.UU.: Trasladan al asesino en serie Charles Manson a un hospital

Manson fue condenado a cadena perpetua por conspirar para cometer el asesinato de la esposa del director de cine Roman Polanski y otras seis personas.

El asesino en serie estadounidense Charles Manson, que está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua, ha sido ingresado en un hospital de California, EE.UU., debido a un grave problema de salud, informa el diario 'Los Angeles Times'.

"No revelamos los movimientos de los reclusos por razones de seguridad", comentaron portavoces del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, aunque agregaron que "está vivo".

Manson, de 82 años, fue condenado en 1971 por conspirar para cometer el asesinato de la actriz Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski, y otras seis personas. El múltiple crimen fue cometido en agosto de 1969 por miembros de la Familia Manson, un grupo de seguidores del asesino en serie.

RT
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Aprueban proyecto de ley de marihuana medicinal en Argentina

El proyecto de ley, que fue aprobado con 221 votos a favor, deberá pasar por el Senado argentino para el posterior debate y eventual aprobación como ley.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca regular la importación y consumo del aceite de marihuana para su uso en pacientes con ciertas enfermedades.

Con 221 a favor, cero en contra y una abstención, los diputados optaron por autorizar al Estado argentino para proveer aceite cannábico a los pacientes con determinadas patologías.

El texto, impulsado por la agrupación gobernante Cambiemos, pretende regular la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis y sus derivados, pero no habilita el monocultivo, como reivindicaban algunos legisladores opositores y asociaciones de consumidores y de afectados por varias patologías.

“Lo bueno de este debate es que legitima el uso medicinal del cannabis. Lo malo, y contradictorio, es que reafirma la prohibición del autocultivo por lo que muchos chicos que ya están en tratamiento deberían dejarlo hasta que los laboratorios puedan elaborar el tipo de aceite que ellos necesitan. Son procesos largos que pueden llevar hasta doce años”, explicó a Página 12 Carlo Magdalena, neurólogo infantil.

La iniciativa deberá pasar ahora al Senado para su debate y eventual aprobación definitiva como ley.

En el continente, países como Colombia, Estados Unidos o Uruguay, ya cuentan con medidas que regulan el consumo de la marihuana y la consideran parte de la medicina alternativa.

telesurtv
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Abogados de 'El Chapo' Guzmán: "Podría morir antes de ser extraditado a EE.UU."

Allegados al narcotraficante alertaron sobre su estado de salud, producto de las "torturas" que recibe en la cárcel de Ciudad Juárez.

El estado de salud de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera ha encendido las alarmas entre su equipo de abogados, quienes advirtieron que el narcotraficante mexicano podría morir en los próximos meses, antes de ser extraditado a EE.UU., proceso al que calificaron como un "circo". "Parece que el Gobierno lo quiere matar antes que extraditar", dijeron.

Según Andrés Granados, los "maltratos" que recibe Guzmán en la cárcel de Ciudad Juárez, donde está recluido, podrían derivar en su deceso, publicó el periódico 'Zócalo'.

"Así me lo comentó. Su estado de salud está deteriorado, le están quitando el medicamento", denunció, a la vez que señaló que "parece que el Gobierno lo quiere matar antes que extraditar".

"Queremos que tengan bien claro que él no se va a suicidar, el daño que pudiera sufrir es por la tortura y el aislamiento que le está provocando el Gobierno", dijo y agregó que "su organismo ya no puede y Dios no lo quiera el señor puede fallecer".

Otras denuncias


Esta no fue la primera denuncia realizada por los abogados del jefe del cartel de Sinaloa, ya que, en septiembre pasado, el letrado José Refugio Rodríguez también había hablado de torturas.

Tras protagonizar varias fugas, Guzmán permanece detenido desde principios de año, cuando fue apresado durante un operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas. En tanto, de acuerdo con la resolución de la Justicia, debería ser extraditado en enero o febrero del 2017 a EE.UU., donde está acusado de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y posesión ilegal de armas.

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Un juez obliga a la compañía estadounidense a abonar esa cantidad a una familia que padeció cáncer a raíz de utilizar sus productos.

Un juez obliga a la compañía estadounidense a abonar esa cantidad a una familia que padeció cáncer a raíz de utilizar sus productos.

Un juez de la ciudad de San Luis (Misuri, Estados Unidos) ha estado de acuerdo con el veredicto de un jurado popular y ha decidido que la compañía Johnson & Johnson es culpable de fraude y de ocultar que sus productos pueden causar daños irreparables para la salud, informa la agencia TASS.

Este fallo obliga a la firma a indemnizar con 72 millones de dólares a los familiares de una mujer del estado norteamericano de Alabama, que en octubre de 2015 murió como consecuencia de un cáncer de ovario a la edad de 62 años. Sus familiares aseguraron que esta persona desarrolló su enfermedad por emplear varios productos de higiene íntima y polvos de talco de Johnson & Johnson de manera regular durante 35 años.

La multinacional se ha mostrado decepcionada con el veredicto, aunque no ha indicado si recurrirá la sentencia.

Desde su creación en 1886, Johnson & Johnson se ha convertido en una de las firmas más importantes del mundo en las industrias farmacéutica y química y, durante su trayectoria, ha recibido cientos de demandas similares. Algunas personas afectadas estiman que la empresa ha ocultado que sus productos con talco pueden provocar cáncer porque solo se preocupa de sus ventas, según indica Reuters.

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España inicia la expulsión de ancianos con papeles a los que niega la tarjeta sanitaria

Multitud de ancianos extranjeros se enfrentan a diario en España a notificaciones del Gobierno que les advierten del inicio de los trámites para extinguir sus permisos de residencia por carecer de cobertura sanitaria privada, requisito que no se les exigió en el momento de otorgarles los papeles.

El Gobierno de España ha iniciado un proceso para expulsar ancianos extranjeros que poseen permiso de residencia y a los que la Seguridad Social les niega la tarjeta sanitaria por no carecer de cobertura sanitaria privada en su país de origen, elemento que no se les exigió en el momento de que se les concedieron los papeles, informa eldiario.es.

"Más que una cuestión de dinero, es de derechos humanos, de justicia. Lo que está pasando es inhumano. Que vayan a expulsar a una persona de 86 años, que tiene a toda su familia aquí...", afirma Nuria (nombre ficticio), nuera de Estela, una mujer argentina que llegó a España hace tres años.

En mayo de este año la familia recogió la notificación de la Delegación del Gobierno en Madrid en la que amenazaba con expulsar a la anciana por no haber llegado con un seguro privado. Tras recurrir la notificación, este mes han recibido una resolución del Gobierno en la que se reitera la postura: Estela no tiene derecho a la tarjeta de residencia –expedida hasta diciembre de 2017– por carecer de seguro médico.

Debido a la reforma sanitaria del Gobierno de 2012, el Ejecutivo español entiende que estas personas, que no han cotizado antes en el país, no tienen derecho a la sanidad pública porque no pueden suponer "una carga" para el Estado. Francisco Solans, especialista en Derecho de Extranjería, sostiene que la Administración "está abusando de la figura de la extinción" y que, aunque se tratara de un error al haber otorgado los permisos, "es muy discutible que se extingan las tarjetas de residencia".

Hasta el momento, la justicia ha considerado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no puede negar la tarjeta sanitaria a un familiar reagrupado con la excusa de que debería tener un seguro médico, ya que este criterio no fue requerido previamente para autorizar su residencia.

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España: Una joven enferma evita un desahucio por una deuda de 114 euros

Una familia de Gran Canaria (España) ha evitado por segunda vez consecutiva el intento de desahucio de su vivienda ordenado por una deuda inicial de 114 euros debido a que uno de sus miembros está enfermo y debe permanecer en cama.

En una vivienda situada en Telde (Gran canaria, España) vive desde hace más de medio siglo una familia que ha evitado ser desahuciada por segundo día consecutivo; concretamente, debido a que el personal sanitario que entró este jueves en la casa junto con la Policía y el secretario judicial consideró que no se debería mover a Sarabel Rita Medina, una joven de 26 años con múltiples operaciones en la espalda y una infección pulmonar, informa el diario español 'El País'.

La casa la heredó de su padre Juana, la actual propietaria de la misma y madre de Sarabel, y tras una mala cosecha en los años 60 pidió 20.000 pesetas a un prestamista (114 euros actuales). Los herederos del prestamista han reclamado 250.000 euros o la propiedad de la vivienda en los tribunales, a pesar de que la familia dice que saldaron la deuda hace años con testigos (pero no hay constancia escrita y todos los implicados han fallecido).

"Aquí vamos a resistir, me han dicho que entregue la llave, pero si la entrego me quedo sin casa, sin la casa de mis padres y de mis abuelos (...) no me estoy creyendo que haya gente tan mala en la vida", declara Juana después de conocer que se ha vuelto a paralizar el desahucio que le afecta.

Asimismo, el marido de Juana, Antonio, permanece en cama debido a una depresión aguda que le impide hablar.

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Revelan el papel secreto de Henry Kissinger en el peor desastre industrial del mundo

Washington conspiró para que el gigante petroquímico Union Carbide pudiera eludir su responsabilidad por el peor accidente industrial del mundo, la tragedia de Bhopal. Un papel importante en este aspecto fue desempeñado por el exsecretario de Estado de EE.UU. y premio nobel de la paz de 1973, Henry Kissinger.

En su puesto de secretario de Estado, Kissinger ayudó a construir la tristemente famosa fábrica de Bhopal, según activistas citados por 'The Herald'. Haciendo referencia a dos cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks, los activistas comunican que el entonces jefe de Relaciones Exteriores de EE.UU. facilitó a Union Carbide un préstamo bancario de 1,3 millones de dólares, suma que cubrió un 45% del coste de la edificación de la planta de pesticidas.

Pero esto no es todo. Al acabar su carrera en la Casa Blanca, Kissinger fue consejero en muchas empresas estadounidenses, Union Carbide incluida. Una carta revelada bajo la legislación sobre la libertad de información testimonia que Kissinger presionó al Gobierno indio para acordar un arreglo legal que permitió al gigante petroquímico eludir su responsabilidad. Como mediador participó el ahora fallecido magnate indio del acero Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata.

En mayo de 1988, cuatro años después de la tragedia, Tata escribió en secreto al primer ministro indio Rajiv Gandhi para comunicarle la preocupación de Kissinger sobre las demoras en conseguir un compromiso sobre los pagos a las víctimas. La empresa estaba dispuesta a "una solución justa y generosa" que "contrarrestaría eficazmente cualquier ataque o crítica", decía la misiva.

En febrero de 1989 el Gobierno indio dio un sí a un acuerdo y todos los cargos contra Union Carbide y sus gerentes fueron revocados. El Tribunal Supremo de la India anuló el legado en 1991.

La fuga de 45 toneladas de isocianato de metilo de la planta de pesticidas, ubicada en un barrio densamente poblado de Bhopal hace 30 años, el 3 de diciembre de 1984, mató al menos a 3.000 personas en las primeras 24 horas. Cerca de 15.000 fallecieron posteriormente por las secuelas. El total de afectados por el accidente industrial fue de más de 600.000 personas, 150.000 de ellas sufrieron graves secuelas. En la zona afectada hasta ahora nacen niños con todo tipo de enfermedades y malformaciones.

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Víctima de la talidomida en España: "Nuestras minusvalías no prescribirán"

Los españoles afectados por la talidomida piden justicia y reparación política en Bruselas. "Nuestras minusvalías no van a prescribir nunca", aseguró en RT José Riquelme, presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) ha exigido justicia y reparación política en una reunión con eurodiputados este martes en Bruselas.

Los afectados por este medicamento para las náuseas de las embarazadas, que generaba graves malformaciones en los fetos, acusan al Gobierno español de darles la espalda.

España es el único país del mundo en el que jamás se ha ayudado a los afectados de talidomida

"España es el único país del mundo en el que jamás se ha ayudado a los afectados de talidomida. Jamás", denunció en RT el presidente de Avite, José Riquelme.

Según la organización, el medicamento producido por la farmacéutica alemana Grünenthal se siguió vendiendo en España aún después de conocerse los efectos perjudiciales que causaba sobre los embriones. Por si eso fuera poco, el pasado mes de octubre la Audiencia de Madrid anuló las indemnizaciones a los que han sufrido las consecuencias de este fármaco.

El presidente de Avite señaló que fue Pablo Echenique, eurodiputado de la formación política Podemos, quien propició la visita de los afectados a Bruselas, donde tratarán de "buscar la vía de la reparación política".

Nuestras minusvalías no van a prescribir nunca

"Independientemente de que ahora recurramos al Tribunal Supremo, nuestras minusvalías no van a prescribir nunca", dijo Riquelme, después de recalcar que las víctimas llevan ya 57 años esperando una solución política en España.

El fármaco provocó malformaciones en más de 20.000 bebés en todo el mundo, 3.000 de los cuales nacieron en España.

Según Riquelme, el laboratorio Grünenthal es "responsable total de este atentado farmacológico". A su juicio, parece que el Gobierno alemán ha acordado, en complicidad con dicha farmacéutica, no pagar a los españoles.

"Ha sido un mazazo muy grande el que hemos sufrido", dijo en RT.

Mientras en Alemania ya se han pagado 600 millones de euros a las 2.800 víctimas, en España se han reconocido únicamente a cuatro personas "porque guardaron el frasco y la receta médica", lamentó.

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Republicanos: "Vamos a demandar a Obama por abuso de poder"

Los opositores republicanos quieren demandar al mandatario de EE.UU., Barack Obama, porque, según ellos, ha tomado una serie de decisiones políticas en violación de la legislación nacional y sin el consentimiento del Congreso.

El presidente de la Cámara de Representantes de Congreso de EE.UU., John Boehner, tiene la intención de presentar una demanda contra el presidente Barack Obama, acusándolo de abuso de poder y violación de las leyes del país, informa 'Huffington Post'. Este miércoles, en el marco de una rueda de prensa, el republicano aseveró que Obama había tomado una serie de decisiones políticas, en violación de la legislación de EE.UU. y sin el consentimiento del Congreso.

Al mismo tiempo, Boehner no precisó de qué leyes concretamente se trata, pero previamente la oposición republicana repetidamente acusó al presidente demócrata de un manejo bastante libre del programa de la asistencia médica (que recibió el nombre informal de 'Obamacare'), así como de la ley de inmigración.

Además, recientemente los republicanos expusieron a Obama a una crítica dura, por el hecho de que el presidente no les había notificado con antelación su decisión de efectuar el intercambio de un militar estadounidense capturado por los talibanes en Afganistán por los cinco líderes del movimiento talibán que estaban en la prisión especial para terroristas en la base militar estadounidense de Guantánamo.

"La Constitución de EE.UU. establece claramente que el presidente está obligado a cumplir estrictamente la ley. Desde mi punto de vista, el presidente no cumple estrictamente la ley", declaró Boehner, al añadir que la demanda será presentada en nombre de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, pero no puntualizó cuándo la harán efectiva. Al mismo tiempo, el político especificó que este paso no significa un intento de destitución de Obama.

Al comentar los planes de la oposición, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que "el presidente siempre ha confirmado su disposición de cooperar estrechamente tanto con los republicanos, como con los demócratas en el Congreso de EE.UU.". Sin embargo, en los casos "cuando [Obama] tiene la oportunidad de ejercer sus poderes, lo hace", subrayó el representante de la Administración. En cuanto a la demanda, Earnest sugirió que "es poco probable que el intento de los republicanos de gastar dinero de los contribuyentes en semejante acción judicial le guste al pueblo estadounidense".

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Chantajes y cárcel como métodos para acallar a los que se oponen a los OGM

Chantajear y mandar a la prisión a los que se oponen a los transgénicos son solo algunos de los métodos que el gigante anglosuizo Syngenta emplea para silenciar las críticas a sus productos, afirma el agricultor alemán Gottfried Glöckner.

La calvario de Glöckner empezó en 1997, cuando la Unión Europea aprobó la venta comercial del Bt176, un maíz genéticamente modificado de Syngenta, y el agricultor decidió sembrarlo en sus tierras. Con el tiempo, el Bt176 se convirtió en el único maíz que consumía su ganado, dijo a RT Glöckner. En 2000 en su hacienda fueron registrados los primeros casos de infertilidad, enfermedades, muertes y defectos graves en los terneros recién nacidos.

Un laboratorio alemán analizó las muestras y concluyó que los efectos fatales se debían al maíz transgénico, en cuyas semillas había un 24% menos de la cantidad de aminoácidos esencial para la alimentación del ganado –un 8,8% menos en el maíz de silo– en comparación con el maíz natural. Por su parte, Syngenta también llevó a cabo una serie de pruebas del suelo de la granja y del maíz en sus laboratorios, pero afirmó no haber descubierto ninguna irregularidad.

Según detalla Glöckner, después de dos años de tramitaciones, en abril de 2002 finalmente se formalizó un informe de daños con el director ejecutivo de Syngenta para Alemania, Hans Theo Jachmann. El documento determinaba que las pérdidas económicas derivadas de la muerte de animales, la compra de nuevo forraje, los costes de veterinarios y la leche no producida ascendían a medio millón de euros. De esta suma, la empresa llegó a pagar solo 43.000 euros.

"La propia Syngenta me 'recomendó' por escrito deshacerme de mi silo de maíz OGM Bt176, pero no del maíz cultivado. Me hicieron varias promesas tentadoras, como regalarme una nueva cosechadora, una nueva casa, ofrecerme un trabajo o viajes. Yo siempre las he rechazado (…). Me gustaría escuchar finalmente cómo admiten que su tecnología de OGM tiene un problema real", confiesa el agricultor alemán.

Pero su lucha no llevó a nada. O, mejor dicho, llevó a Glöckner a la cárcel, donde permaneció dos años. La compañía lanzó una serie de ataques legales contra el agricultor cuando este empezó a viajar por Europa contando su experiencia con el Bt176. "Cuando falló nuestra negociación final para resolver el problema después de que el representante de Syngenta me ofreciera repartirnos las pérdidas al 50% y yo declinara la propuesta, me gritó: '¿¡Tienes algún problema matrimonial!?'", cuenta el agricultor. Insiste en que esta insólita pregunta acerca de su vida personal no fue la única. En aquel entonces Glockner se estaba divorciando de su esposa, que le había dejado la casa común y la custodia de sus tres hijos adolescentes. De repente apareció en escena el nuevo abogado de su exesposa, con el que la mujer presentó una nueva demanda contra Glöckner acusándole de un caso de violación mientras estaban casados. Según el hombre, no había ningún informe médico, evaluación sicológica o testimonio que respaldara la acusación. Sin embargo, este cargo lo llevó a la cárcel.

Mientras permanecía encarcelado, su exmujer, con el debido apoyo jurídico, creó una nueva empresa sobre la base de su granja, y en la cual él no tenía derechos legales. En repetidas ocasiones irrumpieron en su oficina y en su casa y le robaron archivos, maquinaria y dispositivos electrónicos.

Al salir en libertad le esperaban otros cinco años de tramitaciones, esta vez con las autoridades aduaneras de Alemania. Estas congelaron todas sus cuentas bancarias exigiendo que devolviera el dinero por una leche que había exportado hacía cuatro años apelando a un certificado presuntamente expirado. Glöckner insiste en que las reclamaciones por parte de la aduana coincidían en el tiempo con la salida a la luz de las pruebas que demostraban la presencia de OGM en ciertas materias primas etiquetadas como 'libres de OGM'. En 2011, el agricultor ganó el juicio en la Corte Financiera de Kassel y recibió una indemnización de 625.128 euros. Actualmente viaja por todo el mundo participando en conferencias internacionales en las que advierte sobre los peligros de los productos transgénicos. Subraya que hasta ahora los representantes de Syngenta no se han arriesgado a aparecer con él en un mismo espacio de debate.

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Marlboro pagará 10.100 millones dólares por engañar a los fumadores

La Corte de Apelaciones de Illinois ha decidido restaurar un veredicto de 2003 y ha obligado a la compañía Philip Morris International, productora de los cigarrillos Marlboro, a pagar 10.100 millones de dólares a sus consumidores.

La primera demanda colectiva contra la compañía fue presentada a la Сorte de Illinois en 2000, por 1,4 millones de personas, recuerda el portal Bloomberg. En 2003, la corte declaró a la empresa culpable de inducir a error a los consumidores sobre la seguridad de sus cigarrillos, utilizando en la publicidad los términos "cigarrillos ligeros" (light).

Esta sentencia fue anulada en 2005 por el Tribunal Supremo del estado, tras escuchar los argumentos del fabricante de cigarrillos Marlboro de que la Comisión Federal de Comercio (FTS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. le había permitido utilizar las etiquetas con la palabra "ligero".

En 2008, sin embargo, la FTC afirmó que nunca había tomado una decisión sobre el uso de esa palabra en la publicidad del tabaco. Esto permitió a los abogados de los demandantes apelar ante los tribunales superiores para reabrir el caso.

Según la sentencia, dictada por la Corte de Apelación de Illinois en abril de 2014, la compañía Philip Morris International tendrá que pagar 10.100 millones de dólares a todos los demandantes.

La decisión de la Corte de Apelación no es definitiva y es susceptible también de apelación ante una instancia superior. Representantes de la empresa ya han anunciado que presentarán este recurso.

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Denuncian oficialmente a la ONU por llevar el cólera a Haití

El Instituto de Justicia y Democracia de Haití presenta oficialmente este miércoles una denuncia contra la ONU en la corte federal de Manhattan, ya que Nueva York es la sede de la organización. La acusa de haber desatado el brote de cólera en Haití.

El grupo actúa en interés de los sobrevivientes de la epidemia y las familias de los fallecidos. Desde finales de 2010 más de 650.000 haitianos resultaron contagiados con la enfermedad y de ellos más de 8.500 murieron. El Instituto imputa a la ONU no solo por la negligencia de llevar el cólera a Haití, donde había desaparecido hace unos siglos, sino también de encubrir su papel en la introducción de la epidemia y tergiversar los datos, lo que aumentó considerablemente el número de contagiados. La denuncia requiere a la ONU que indemnice a las víctimas, aunque no especifica el montante, y que mejore la infraestructura del agua y saneamiento en el país, un proyecto cuyo coste estimado es de nos 2.400 millones de dólares.

Cabe recordar que la ONU siempre ha negado su responsabilidad en la epidemia. Ello a pesar de que los expertos, incluida una comisión independiente contratada por la propia ONU, están de acuerdo en que son probablemente las fuerzas de la paz de la organización que fueron a prestar ayuda después del terremoto de 2010 quienes introdujeron el bacilo mortal en el país.

Concretamente, los estudios científicos relacionan el peor brote de cólera en la historia moderna con un grupo de soldados pacificadores que llegaron de Nepal y se instalaron en la base de Mirebalais en octubre de 2010. Las pruebas demostraron que la cepa de la cólera que circula en Haití es genéticamente parecida a la de Nepal. Supuestamente, a causa de no mantener los soldados unas debidas condiciones sanitarias en su base, la enfermedad primero se difundió por Haití y de allí llegó también a la República Dominicana, Cuba y Venezuela.

Las Naciones Unidas, por su parte, han invertido unos 118 millones de dólares hasta la fecha en combatir el cólera en Haití y adelantan que tienen planeado invertir más, dependiendo de los niveles de donaciones internacionales. Sin embargo, en ningún momento la Organización acordó responder a las demandas individuales de las víctimas. El secretario general Ban Ki-moon envió a inicios de 2013 al presidente de Haití, Michel Martelly, la notificación de la negativa a pagar, refiriéndose a la Convención de la ONU de 1946 que establece inmunidad ante este tipo de demandas.

Fuente: RT
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Panamá demanda a España ante Estrasburgo por la muerte de 170 personas

Panamá ha demandado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por un supuesto envenenamiento masivo a causa de un jarabe distribuido por la Seguridad Social panameña, que mató a más de 170 personas y afectó a otras 1.000.

La Caja de Seguro Social de Panamá y seis de los afectados consideran que la justicia de España archivó el caso “con ostensible arbitrariedad”, vulnerando los artículos 2 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el “derecho a la vida y a la integridad física” y el “derecho a un proceso equitativo”, respectivamente, informa 'El País'.

En 2003, la Seguridad Social panameña, adjudicó un encargo de 9.000 kilogramos de glicerina para uso farmacéutico a la empresa panameña Medicom. Esta, a su vez, hizo el pedido a la intermediaria española Rasfer Internacional, quien, entonces, compró la glicerina a una empresa china, Fortune Way.

La sustancia resultó ser “no apta para el consumo humano”. Mientras que Medicom sostiene que su pedido fue expresamente de “glicerina farmacológica”. Rasfer, por su parte, asegura que éste indicaba “glicerina pura”, sin especificar cuál iba a ser su uso.

El jarabe para la tos que elaboró la Seguridad Social panameña con dicha glicerina, y que distribuyó entre beneficiarios de asistencia sanitaria gratuita, causó fallos renales, vómitos, lesiones hepáticas, pancreáticas y parálisis a unas mil personas, de las cuales 170 murieron.


El caso, investigado primero por un juzgado de Barcelona, fue remitido a la Audiencia Nacional que, finalmente, archivó las diligencias en 2011. La Seguridad Social panameña acudió entonces al Tribunal Constitucional español, quien, según declaran las víctimas, ni siquiera admitió el caso a trámite por considerar que Rasfer Internacional era una “mera intermediaria comercial” y por lo tanto, “no estaba obligada a realizar análisis alguno del producto".

Los abogados de la acusación sostienen que la justicia española no ha actuado con diligencia en la investigación de este caso y piden a Estrasburgo que investigue “si España ofreció o no una tutela judicial efectiva”.

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Una senadora de EE.UU. se disculpa
AFP Karen Bleier

La senadora de EE.UU. Barbara A. Mikulski ofreció sus disculpas por permitir que se aprobara el proyecto de ley de Seguridad Agraria, que libera de responsabilidades legales a compañías de semillas transgénicas como Monsanto.

Su portavoz emitió un comunicado con disculpas después de que la aprobación de la norma despertara fuertes críticas en la opinión pública. El texto, publicado en la página oficial de la senadora, indica que Mikulski no respaldó el proyecto de ley y agrega que “la senadora entiende el enojo causado por esta disposición”.

Barbara Mikulski ocupa el cargo de presidenta del Comité de Asignaciones del Senado desde el pasado mes de diciembre. El comunicado sugiere que es probable que Mikulski no hubiera permitido que la ley entrara en vigor si hubiera estado antes al frente de este organismo (fue nombrada el pasado mes de diciembre). Pero ahora, como jefa del Comité, “tuvo que dejar a un lado muchas de sus propias prioridades para conseguir que un proyecto de ley se aprobara en el Senado”.

En declaraciones al diario ‘Baltimore Sun’, Colin O'Neil, del Centro para la Seguridad Alimentaria, declaró que su equipo espera que Mikulski no permita en un futuro que disposiciones parecidas a la de Seguridad Agraria se conviertan en ley. Asimismo, confirmó que es muy probable que ella no haya apoyado esta medida: "Sus manos estaban atadas por las negociaciones que se habían celebrado previamente", dijo.

La semana pasada, Barack Obama firmó la ley financiera de plazo limitado H.R.933, una parte de la cual, conocida como Seguridad Agraria, protege a compañías de semillas transgénicas como Monsanto frente a litigios suscitados por la venta de sus productos.

La ley de Seguridad Agraria (Farmer Assurance Provision) -que sus opositores denominan la 'Ley de Protección de Monsanto' (Monsanto Protection Act) por considerar que está diseñada indirectamente por la compañía Monsanto-, niega autoridad a las cortes de justicia federales para detener inmediatamente la plantación y venta de cosechas transgénicas, al margen de que representen un riesgo para la salud de los consumidores.

Antes de ser firmada la nueva norma, el Departamento Estadounidense de Agricultura (USDA) debía aprobar toda siembra y venta de semillas transgénicas. Los cambios en el marco legal permiten ahora a compañías como Monsanto sembrar sus semillas modificadas sin el visto bueno previo de la USDA.

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¿Carta blanca a Monsanto?


AFP Nigel Treblin

El Congreso de EE.UU. someterá a votación esta semana una enmienda a un proyecto de ley agrícola que quitaría a los tribunales federales la potestad para detener la venta y siembra de cultivos genéticamente modificados por empresas como Monsanto.

Esta modificación de la ley, conocida como 'Enmienda Monsanto', otorgaría permisos para la siembra de cultivos modificados genéticamente incluso aunque la sentencia de una corte federal lo prohíba.

Si la normativa se aprueba esta semana, las empresas de biotecnología no tendrán que obtener la aprobación de un juez federal para poner a prueba cultivos y equipos de laboratorio de fabricación, e incluso, la venta de esos cultivos.

El grupo Democracia Alimentaria defiende el proceso de revisión judicialcomo un "elemento esencial de la ley de EE.UU." y supone un freno importante para productos que "pueden influir negativamente en la salud humana o el medio ambiente".

Muchos agricultores minoristas se muestran cada vez más abiertamente en contra de las empresas de biotecnología, ya que gigantes como Monsanto han concebido millones de cultivos de ingeniería genética contra los que las plantas tradicionales no pueden competir.

"La ley despojaría a los tribunales federales de la autoridad para detener la venta y siembra de un cultivo ilegal potencialmente peligroso hasta que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) evalúe los riesgos potenciales", lamenta una carta firmada por decenas de empresas minoristas de alimentos, así como por organismos que representan a los agricultores.

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planta de Monsanto en Argentina

Un informe alerta del peligro de la instalación de una planta de la empresa de transgénicos Monsanto en una localidad argentina. Según Cristina Arnulphi, miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, la instalación tendría consecuencias catastróficas.

El estudio, elaborado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, concluyó que no era recomendable que la compañía Monsanto construya una de sus plantas en el municipio de Malvinas Argentinas, ubicado a unos 35 kilómetros de Buenos Aires, debido a su actual situación sociosanitaria.

Los investigadores detectaron en dicha localidad malformaciones congénitas, abortos espontáneos y enfermedades respiratorias y de piel, provocadas precisamente por las fumigaciones de los campos que se encuentran en poblaciones vecinas.

“Someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental, como el que generará una enorme planta de semillas transgénicas de Monsanto, no es recomendable desde el punto de vista médico y es intolerable desde el punto de vista social”, señala el informe.

    Monsanto oculta y tergiversa información mientras las enfermedades van en aumento"

Aunque la corporación insiste en que sus acciones están dentro de las leyes vigentes y denuncia la desinformación a la que se somete a la población local, Arnulphi considera que Monsanto “oculta y tergiversa información mientras las enfermedades van en aumento”.

“De construirse esta planta, que esperemos que no se construya, sería la planta más grande de Latinoamérica, en la cual habría 200 silos de almacenamiento de cereal, lo que produciría una polución ambiental de proporciones catastróficas”, dijo Arnulphi a RT.

Asimismo, recordó las palabras del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien recientemente afirmó que Monsanto es responsable de un genocidio ambiental  porque está realizando un experimento a nivel mundial, añadiendo que esta empresa sin escrúpulos fue responsable del golpe de Estado en Paraguay.

Durante los últimos meses, el caso sobre la instalación de la planta en la localidad de Malvinas Argentinas ha sido duramente criticado por ciudadanos de la provincia de Córdoba, donde se sitúa esa municipalidad. Llegaron incluso a recurrir a la vía judicial presentando un proyecto en la Legislatura para evitar que se lleven a cabo las obras. Sin embargo, en enero la administración local aprobó la construcción de la polémica planta.

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¿Hacia el monopolio genético?: Un tribunal australiano permite patentar genes humanos

Un tribunal australiano ha fallado a favor de permitir a una empresa patentar un gen humano. La decisión reaviva los temores a que las compañías monopolicen la propiedad sobre los genes humanos convirtiéndolos en una mercancía.

La denuncia fue presentada por un grupo de lucha contra el cáncer por considerar que la compañía Myriad Genetics, que es propietaria de la patente de los genes BRCA1 y BRCA2 ligados al cáncer de mama y de ovario, posee un monopolio injusto sobre un gen de origen natural.

El juez argumentó que el acto de retirar un gen específico del cuerpo y aislarlo lo convierte en un producto "de nueva fabricación" y que, por lo tanto, es libre de ser patentado, pese a que el mismo gen puede existir naturalmente en otros seres humanos.

La organización Cancer Voices Australia pretendía que se aplicara una restricción sobre la patente, argumentando que su uso va en detrimento del acceso a la salud y, por ende, perjudica a miles de mujeres que padecen de este tipo de cáncer.

Si se llega a aplicar la patente en Australia, le daría a la compañía los derechos exclusivos para llevar a cabo pruebas en genes específicos. A su vez, la patente impediría a cualquier otra institución el aislamiento, la investigación o la realización de pruebas sobre el gen en cuestión.

Es la primera vez que la validez de las patentes genéticas se someten al veredicto de un tribunal australiano.

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