Organizaciones ambientalistas y de asuntos ciudadanos además de mexicanos a título personal están presentando quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del país contra el presidente, Enrique Peña Nieto, por los planes de aprobar las autorizaciones de maíz transgénico, violando así los derechos de salud, informó ayer Greenpeace.La ONG comunicó que la queja es contra Peña Nieto y otros funcionarios “por la posible aprobación de las solicitudes de siembra comercial (de transgénicos), ya que en caso de aprobarlas estarán violando el derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano y a los derechos culturales de los mexicanos”.
Actualmente en México existen cultivos transgénicos experimentales y los campesinos no cuentan con la información de dónde están localizados ni los resultados de sus análisis.
Desde la Universidad de Caen en Francia surgió unestudio científico que revela graves enfermedades en animales que consumieron maíz transgénico regularmente y por tiempo prolongado. Además, los campesinos temen los efectos nocivos que traen los desinfectantes tóxicos que usan estos cultivos, los cuales llegan a las aguas afectando todo el hábitat y la biodiversidad.
Pese a la oposición de la comunidad agrícola, en México entrelos grandes impulsores del negocio de los productos genéticamente modificados asociados a Monsanto, y las patentes de semillas, están los millonarios, Carlos Slim y Bill Gates.
Greenpeace anunció en tanto, que la queja presentada por las ONG contra el Presidente de México, “puede ser replicada por todos”, accionando una iniciativa para que toda la comunidad que se opone a los transgénicos en el país participe.
Destacó que puede ser enviada por “cualquier ciudadano a título personal y por otras organizaciones interesadas, ya que son los derechos de todos los mexicanos los que están en riesgo”.
Se sumaron en ello el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, Convergencia de Organismos Civiles, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. y el Poder del Consumidor, entre otros.
Fundamentos de la queja
La queja se basa en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, fracciones I, II, inciso a, VII, VIII, XIII, 24, 25 y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se suman a ello medidas cautelares aplicables del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Con fundamento en los artículos 40 de la Ley de la CNDH(…), con el objeto de evitar la imposible restitución en el goce de nuestros derechos solicito de manera urgente la aplicación de medidas cautelares”, señala la queja.
Las medidas consisten en que las autoridades integradas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dependiente de la Secretaria Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), incluyendo la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), “se abstengan de otorgar los permisos y dictámenes favorables que están solicitados para la siembra de maíz transgénico para fines comerciales hasta en tanto se resuelva el fondo de la queja”.
En el documento se destacan los derechos de una alimentación sana. A su vez se citan las palabras del Relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier Schutter, en visita oficial a México del 13 al 20 de junio de 2011.
Schutter señaló que “el problema de los cultivos transgénicos tiene una resonancia particular en México, dada la importancia del maíz en la cultura mexicana”.
Planteó además, graves riesgos a la diversidad de variedades nativas de maíz debido a las características del flujo de genes del maíz.
El polen es capaz de recorrer largas distancias contaminando a los campesinos que se encuentren en la vecindad, dijo Schutter.
Aclaró a su vez que también hay hábitos de intercambios de semillas entre los agricultores mexicanos, lo que esparciría la contaminación al resto de los cultivos más lejanos.
La prensa mexicana publicó que los campesinos mexicanos afectados por la contaminación de sus campos no tienen a quien demandar por los daños. Las entidades que hoy están realizando las experimentaciones, no informan a los afectados.
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